22/05/2012
Son innumerables los estudios que acreditan que los países con mayor cohesión social, igualdad entre mujeres y hombres, democracias más fuertes y participativas y que garantizan seguridad, justicia y trabajo decente son aquellos que cuentan con más y mejores servicios públicos. Asimismo, se están produciendo revoluciones pacíficas de trabajadores y ciudadanos descontentos que reivindican un cambio democrático y servicios públicos de calidad.
Pero sorprendentemente, en una época de crisis financiera y económica mundial, en un periodo en el que los servicios públicos son más necesarios, éstos están siendo recortados en países de todo el mundo en aplicación de unas supuestas medidas de austeridad. Así, mientras el mundo sufre las repercusiones de mercados financieros irresponsables, no regulados y capitales libres de restricciones, favorecidos por acuerdos comerciales y de inversiones, la ciudadanía ha visto cómo se recortan derechos sociales y se precariza el empleo de forma abrumadora.
La campaña “Servicios Públicos de calidad: ¡Pasemos a la acción!” tiene como objetivo fundamental el fomento de unos servicios públicos de calidad y la protección de éstos en un contexto de permanente agresión y recorte a uno de los pilares del Estado de Bienestar. La precarización de los Servicios Públicos en las sociedades democráticas es una realidad que debe ser contrarrestada con una exigencia clara a la clase política: la inclusión en sus programas políticos del compromiso de financiación de estos servicios y el desarrollo de acciones orientadas a implementar sistemas de alerta que impidan cualquier iniciativa regresiva en el ámbito de los Servicios Públicos.
Para ello, es necesario articular medidas como la transparencia en la financiación, definir prioridades en la prestación de servicios, garantizar la protección de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a estos servicios y desmontar aquellos discursos que, bajo la excusa de la crisis económica, pretenden laminar la calidad de los mismos. La movilización para impedir la aniquilación del Estado de Bienestar y del concepto del “interés público” debe ser un compromiso de la ciudadanía de cara a impedir que las políticas ultraliberales se configuren como la única receta para salir de esta crisis.
