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UGT emprendió en mayo una campaña en Cantabria para garantizar los derechos laborales y sociales en las contrataciones públicas
lunes, 14 agosto 2017

UGT exige cláusulas sociales en las licitaciones públicas en la nueva Ley de Contratos del Estado

El sindicato desarrolla en Cantabria una campaña para reclamar cláusulas que avalen los derechos de 13.000 trabajadores de contrataciones públicas

UGT ha reclamado la inclusión de cláusulas sociales, laborales y medioambientales en los contratos de adjudicación que realicen las administraciones públicas “para impedir que las empresas pujen por las concesiones en condiciones de baja temeraria a costa de los trabajadores”.

El sindicato exige la inclusión de estas cláusulas en la nueva Ley de Contratos del Estado tanto en el criterio de selección como en la adjudicación y ejecución de las concesiones “para garantizar condiciones laborales y de vida dignos y evitar la explotación laboral de trabajadores con dinero público”.

La reivindicación de UGT responde a la creciente conflictividad laboral en empresas concesionarias de servicios públicos, ahora de actualidad por la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat, cuyas ofertas presupuestarias son excesivamente bajas e incluso por debajo del precio del convenio colectivo para pagar a sus trabajadores.

En Cantabria, UGT inició el pasado mes de mayo una campaña para que las administraciones públicas incluyan en los pliegos de condiciones una serie de cláusulas que garanticen los derechos laborales y sociales de más de 13.000 trabajadores de la región adscritos a empresas concesionarias de servicios públicos.

Estos 13.000 trabajadores representan el 28% de toda la plantilla vinculada directa o indirectamente a las administraciones públicas de Cantabria (la EPA los incluye en sector público aunque estén empleados por una empresa privada) en un sector de contratación pública que moviliza más del 15% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Por unas contrataciones públicas sostenibles

La campaña emprendida por UGT en Cantabria, a través de las dos federaciones directamente afectadas y que tutelan a los trabajadores de empresas concesionarias de servicios públicos, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) y la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), aspira a implantar un sistema de contrataciones públicas sostenibles.

Como precisaron las dos federaciones de UGT, el establecimiento de cláusulas que garanticen los derechos laborales y sociales de los trabajadores de adjudicaciones públicas es obligado para evitar la creciente conflictividad laboral en este sector y “porque, en ningún caso, las contrataciones públicas no pueden responder al interés de unos pocos, sino al interés general”.

UGT, que ya ha presentado su campaña a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria, responsables de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma y a la Federación Cántabra de Municipios, aclara que “el gran problema es que se permiten ofertas presupuestarias temerarias para lograr un pliego donde se establecen pautas económicas y el servicio a realizar pero donde no recogen garantías para las condiciones laborales y sociales de los trabajadores”.

Contrataciones públicas sin explotación laboral

Las dos federaciones de UGT en Cantabria vienen difundiendo su campaña desde el pasado mes de mayo, aunque ya antes el sindicato viene manteniendo reuniones con distintas administraciones públicas para acabar con contrataciones públicas que “terminan en casos claros de explotación laboral”.

UGT exige la inclusión de ocho cláusulas en los pliegos de condiciones de las adjudicaciones públicas que, entre otros objetivos, pretende garantizar el pago de los salarios de los trabajadores con la obligación de de las empresas de presentar certificaciones de que sus plantillas están a la orden de pago.

Además, el sindicato reclama límites a los precios de adjudicación y que estos nunca estén por debajo del presupuesto mínimo para cubrir los costes del convenio colectivo, lo que UGT relaciona con otra cláusula exigida para que en la valoración de las distintas ofertas presentadas no predomine como en la actualidad el criterio económico.

En este sentido, FeSMC y FeSP de UGT en Cantabria reclaman que la valoración económica de la oferta planteada por las empresas privadas no implique más del 50% de la decisión final que tome al respecto la administración pública.

El sindicato añade a sus cláusulas sociales en las licitaciones públicas en Cantabria normas que garanticen la subrogación de las plantillas si cambia el titular de la concesionaria o que prohíban las subcontrataciones, en todos aquellos que no venga estipulado en sus respectivos convenios colectivos.

La campaña de las dos federaciones de UGT en Cantabria plantea también normas sancionadoras y la rescisión del contrato cuando las empresas incumplan las cláusulas sociales y un seguimiento y control de las adjudicaciones.

Información relacionada: http://www.ugtcantabria.org/ugt-traslada-la-federacion-municipios-cantabria-medidas-avalar-derechos-laborales-licitaciones-publicas/

http://www.ugtcantabria.org/ugt-inicia-una-campana-incluir-las-licitaciones-publicas-ocho-clausulas-garantizar-los-derechos-laborales/

 

Siniestralidad en Cantabria