
No cabe duda que la pandemia de la Covid-19 ha puesto el foco de atención en las residencias de personas mayores y en la incuestionable tragedia humana que se vivió en ellas, hasta el punto de que el pasado 18 de de marzo se suscribió en el diálogo social entre Gobierno, empresarios y sindicatos más representativos un acuerdo de ámbito nacional, que incluía al menos 600 millones de euros adicionales para la financiación de la dependencia en este año e incrementos en cuantías similares para 2022 y 2023.
Apenas dos semanas después, Cantabria, que recibirá en torno a unos 30 millones de euros de las cuantías económicas mencionadas, publicaba su propia orden gubernamental para regular los requisitos materiales y funcionales de centros de servicios sociales especializados y de atención a la dependencia como las residencias de mayores.
Ahora bien, si de lo que se trata es de aprovechar este aumento de dinero público para lograr los objetivos fundamentales que se fijaron en el propio acuerdo firmado en Madrid; el Gobierno de Cantabria se ha olvidado descaradamente de uno de ellos: la mejora de las condiciones laborales como garantía de una atención de calidad en las residencias de mayores.
El propio acuerdo que permitirá esa financiación adicional anual de 600 millones de euros estipulaba invertir parte de ellos, y cito de manera textual, “en las mejoras que sean necesarias para reforzar la calidad, las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas y paliar la insuficiencia en el número de profesionales del sector”
Por lo que se ve, el Gobierno de Cantabria no parece haber prestado mucha atención a estos requisitos y objetivos laborales por los que UGT firmó el acuerdo en el diálogo social nacional y, es más, en su propia orden gubernamental tampoco ha contado demasiado con las organizaciones sindicales. Por algo será.
La pregunta está en el aire y sin respuesta por ahora: ¿cuánto de ese dinero público se va a destinar al personal de las residencias de mayores que llevan desde septiembre de 2018 sin un convenio colectivo actualizado, sin subida salarial y con categorías profesionales por debajo salario mínimo interprofesional?
De hecho, si se analiza la orden gubernamental publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 31 de marzo, el Gobierno regional no se esfuerza para nada en cuidar a los que cuidan a las personas mayores.
Es más, la ratio de personal, el principal medidor de la sobrecarga de trabajo actual de este sector por escasez de plantilla en los centros, apenas mejora hasta las 140 horas de atención directa por cada 100 usuarios en la categoría de auxiliares o geroculturas, lo que cubrirían 17 profesionales diariamente repartidos en turno de mañana y de tarde en el mejor de los casos, esto es, con una jornada completa.
Por su parte, la ratio de los titulados universitarios o técnicos, que ahora se computará de manera cuatrimestral, se sitúa en 180 horas semanales, garantizándose en todo caso el 90% de las horas exigidas a diario o a la semana; y para el personal de enfermería ni siquiera se estipula un ratio específico.
La pregunta vuelve a estar ahí: ¿dónde están las mejoras laborales y profesionales de las personas trabajadoras de las residencias mayores en Cantabria?
Por si esto fuera poco, la normativa implantada por el Gobierno de Cantabria encorseta tanto la acreditación en los centros de mayores que ahora hay que añadir múltiples protocolos y registros diarios de información y de incidencias.
Es decir, más carga física y mental para unos trabajadores y trabajadoras que ya bastante tienen con una saturación de actividad y de tareas profesionales inaceptable hoy en día por la escasez de personal de los centros y, todo ello, aderezado con un salario bajo que no se actualiza desde hace cuatro años.
Se mire por donde se mire, el Gobierno de Cantabria lo único que hace es dar un lavado de imagen para tranquilizar la conciencia social.
Todos quieren un modelo de Atención Centrada en la Persona pero nunca podrá ser una realidad si no se aumenta el personal. No se puede lograr una mayor calidad sólo por tener internet en las habitaciones o por las cuestionables propuestas de crear grupos burbuja para evitar las rotaciones del personal o unidades de convivencia de 30 personas para crear ambiente familiar.
Esa calidad, que tanto merecen las personas mayores y que ahora se asienta en el sacrificio de profesionales mal tratados laboral y económicamente, va unida a más personal y adecuadamente formado, tal y como se acordó en el diálogo social aunque en Cantabria algunos no parecen haberse enterado.
Tribuna Libre El Diario Montañés:

Información o enlaces relacionados:
http://cantabria.fespugt.es/sectores/dependencia
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