El Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos ha suscrito hoy un acuerdo con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para reducir las ratios en el segundo ciclo de Educación Infantil a 20 alumnos/as y mejorar el sistema de apoyos.
El acuerdo, rubricado también por los sindicatos CCOO, STEC y ANPE, establece la ratio de 20 alumnos y alumnas por grupo, excepto en los casos que no haya disponibilidad de espacios para desdoblarse y la opción de incrementarla por necesidades de escolarización sobrevenidas.
Ahora bien, en este supuesto incremento de la ratio, “la Administración educativa dotará de recursos humanos adecuados para realizar docencia compartida o bien como refuerzo para atender al alumnado que presente necesidades de apoyo educativo, en cualquiera de las áreas y sea cual sea el motivo de su desfase curricular”.
El propio texto del acuerdo precisa que “en aquellos grupos que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales la ratio será, en todo caso, de 20 alumnos/as.
Según comentó la responsable regional de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Cristina Otero, “el acuerdo es una mejora sustancial para el sistema educativo de Cantabria”.
De todos modos, Otero valoró la bajada de la ratio y la mejora del sistema de apoyos en el segundo ciclo de Educación Infantil aunque también criticó que “para que estos acuerdos den los frutos esperados, es indispensable que toda la Consejería de Educación funcione correctamente como venía siendo hasta ahora en los diferentes procesos como la petición de vacantes o los traslados vía telemática”.
Graves errores en los traslados
La responsable regional de Enseñanza de UGT aludió en concreto a los errores cometidos en la resolución definitiva de traslados, que calificó de “inconcebibles” y para los que exigió “una solución con carácter de urgencia”.
“Venimos reclamando durante toda la legislatura la necesidad de reforzar los servicios técnicos de la Consejería de Educación, que se encuentran sometidos a una enorme presión por el volumen de trabajo”, agregó Otero.
Para la sindicalista, “esta realidad da lugar a errores muy graves en los procesos y situaciones que generan desconfianza e inseguridad jurídica a los docentes de Cantabria”.
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