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Un informe jurídico del Gobierno regional cuestiona su propia Escuela de Policía Local y el proyecto de normas marco de los policías

Un informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria dictamina que en el proyecto de decreto de las normas marco que regirán a los cuerpos de policía local de la región «se encuentran múltiples incumplimientos» de las directrices técnicas decretadas para esta normativa y que la Escuela Regional de Policía Local carece de «naturaleza jurídica y organizativa».

El informe, fechado el pasado 19 de marzo, rechaza la Memoria del Proyecto de Decreto de Normas Marco de la Policía Local de Cantabria porque «resulta totalmente obsoleta, además de incompleta y se encuentra totalmente desfasada», además de insistir en que incumple las directrices técnicas que estableció el Gobierno español en un Consejo de Ministros en el año 2005 para que cada comunidad autónoma elaborase la normativa legal por la que se regularán las policías locales de sus territorios.

Por este último motivo, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Cantabria insta a modificar más de una veintena de artículos del proyecto normativo, tras observar irregularidades en la terminología usada, el registro de datos personales, la innecesaria réplica literal de textos normativos de rango superior, la obligatoriedad de medios electrónicos y «la regulación incorrecta de artículos que pueden originar conflictos interpretativos».

Además, el informe jurídico advierte de la ilegalidad de algunos artículos y medidas planteadas, como la de incorporar nuevas funciones a los jefes de cuerpo que no estén previstas en la ley o que se sustituya o se delegue su función entre otros miembros de los tribunales de procesos selectivos u oposiciones.

Sobre las oposiciones de los policías locales, el informe jurídico del Gobierno de Cantabria recuerda «la obligatoriedad de los tribunales de selección de fundamentar y motivar las calificaciones y valoraciones de las pruebas» porque «no pueden limitarse a otorgar una puntuación numérica y que ésta sea motivación suficiente», argumento que respalda con distintas sentencias judiciales que reconocen «el derecho de los opositores a conocer la motivación de las calificaciones».

Por otro lado, el informe precisa que Cantabria no tiene competencia para regular aspectos retributivos de los policías locales, por lo que «no puede establecer niveles mínimos y máximos de complemento de destino»; destaca que el propio proyecto de normas marco se adentra en el régimen disciplinario «y se inmiscuye de manera poco prudente en este asunto»; y también cuestiona el tratamiento legal que se da a la jubilación anticipada o a la segunda actividad de los policías locales.

El Sector de Policía Local de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT subraya que el informe «sólo viene a confirmar lo que venimos denunciando desde hace años, que el proyecto es una chapuza en toda regla de unos pocos que lo han querido imponer sin ni siquiera contar con la opinión de los policías locales y que tiene que revisarse en profundidad».

Escuela o «híbrido organizativo»

El informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria también cuestiona la estructura de la Escuela Regional de Policía Local porque como escuela de formación que es «el Centro de Estudios de la Administración Regional (CEARC) no tiene mención alguna con relación a esta escuela, de forma que no delimita legalmente su naturaleza jurídica y organizativa».

«Parece que estamos en presencia de un intento disfuncional y discordante legalmente de instaurar una organización administrativa en situación in cloud, de forma que ni tiene personalidad jurídica ni tampoco está integrada en otra estructura y se pretende que tenga una autonomía que no es posible legalmente», agrega el informe, tras matizar que «estamos en presencia de un híbrido organizativo que colisiona en todos sus puntos, de forma que su implementación ajustada a derecho resulta imposible si se quiere mantener esa independencia».

UGT puntualiza que los letrados del Gobierno de Cantabria advierten igualmente en su informe que el puesto de director «no puede ser desempeñado por personal eventual de confianza política», que el propio director «no puede presidir la Comisión de Dirección de la Escuela», cuestiona la representación de los jefes del Cuerpo y define claramente que la representatividad de los policías locales se limitará a los dos sindicatos más representativos, «lo que no se hace», recalca el sindicato.

En este sentido, los policías locales de UGT recuerdan que «siempre hemos reivindicado una Escuela Regional que nada tiene que ver con este híbrido ilegal, disfuncional y discordante», tras criticar que «la propia Asesoría Jurídica del Gobierno regional cuestiona sus órganos de dirección, recalca que no tiene capacidad legal ni para emitir títulos o que los cursos y libros de registro los tiene que delegar al CEARC, a quien está supeditada también para la tramitación de convenio administrativo».

«La Escuela de Policía Local, desde su estructura a su dirección, responde a un capricho y una arbitrariedad de la Administración regional que sus propios abogados rechazan», denuncia el sindicato, que subraya que «si un informe jurídico tan duro como éste no hace recapacitar y dimitir a algunos, no habrá nada que lo consiga».

 

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