Un informe de UGT revela la necesidad de dotar de mayor transparencia y eficacia a las mutuas: las enfermedades profesionales que ocasionan baja descendieron, en el primer semestre del año, un 57%, con respecto a 2006

Publicado en Boletin Oficial de Cantabria nº 149 de fecha 4 de agosto de 2010, el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo e inmigración, Fiscalia General del Estado y el Gobierno de Cantabria, para la investigación eficaz y rápida de delitos contra la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores, y la ejecución de sentencias condenatorias.

Durante el pasado año, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) realizó la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas (ENGE) dirigida a empresarios. 

Los sueldos de algunos gerentes de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se sitúan por encima de los 300.000 euros al año, retribuciones muy superiores a las establecidas para los cargos políticos institucionales. Como referencia, el salario del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ronda los 80.000 euros al año. Además, varios gerentes de las Mutuas han abandonado el cargo con indemnizaciones costosísimas al ser titulares de contratos blindados. Las elevadas compensaciones que conllevan esas relaciones son abonadas desde fondos públicos y chocan frontalmente con el ajuste y los recortes sociales emprendido por el Ejecutivo pare remontar la crisis y garantizar el Estado de Bienestar.

No está recogido en el catálogo de enfermedades profesionales y carece de una definición que lo encuadre en la legislación vigente. A pesar de que la Asociación Gallega contra el Acoso Moral en el Trabajo (Agacamt), ha constatado un incremento del 30% en el número de afectados por acoso laboral desde el inicio de la crisis en 2008, y de que las consultas por ese motivo al área de salud laboral de los sindicatos han aumentado de manera análoga, el mobbing o acoso laboral (no existe un término consensuado para referirse al problema) sigue siendo el gran olvidado de la legislación española.