El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha reclamado hoy al Servicio Cántabro de Salud (SCS) y al consejero de Salud, César Pascual, que aclare las declaraciones del diputado del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Raúl Pesquera, en las que insinuaba que personal médico de la sanidad pública solicita reducción de jornada para trabajar en la sanidad privada.

El sindicato muestra su preocupación por estas insinuaciones que "suponen un ataque directo a la profesionalidad y compromiso del personal sanitario que sostiene, día a día, el sistema público de salud en Cantabria".

Sanidad-UGT recuerda que "las reducciones de jornada están reguladas por la normativa vigente"  y que "su concesión o no depende exclusivamente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales".

"Por ello, exigimos al SCS y a su Consejería de Sanidad que aclaren públicamente qué mecanismos de control y verificación se aplican en la concesión de estos permisos, qué seguimiento o supervisión realiza la Administración para garantizar que se cumple la finalidad para la que se otorgan y qué medidas piensa adoptar  el SCS para proteger la imagen y reputación de los profesionales que se ven injustamente cuestionados", agrega el Sector de Sanidad de UGT en un comunicado.

Para el sindicato "el personal sanitario de Cantabria ha demostrado sobradamente su compromiso con la sanidad pública, incluso en los momentos más duros, y no merece ser objeto de insinuaciones que siembran la duda sobre su ética profesional".

Por ello, UGT-Sanidad considera obligado que el Servicio Cántabro de Salud "se pronuncie de manera clara y responsable y presente datos objetivos y verificables siempre dentro del marco de la Ley de Protección de Datos".

El sindicato insta a informar del "número real de profesionales que tienen autorizada la compatibilidad entre la actividad pública y privada y cuántos de esos profesionales tienen concedida una reducción de jornada  por motivos personales o familiares".

"Estos datos, que el propio SCS tiene registrados, permitirían demostrar de forma transparente que las acusaciones vertidas son  infundadas y ajenas a la realidad del funcionamiento del sistema sanitario cántabro", agrega UGT-Sanidad.

El sindicato advierte, además, que "este tipo de declaraciones perjudican gravemente a los servicios públicos, alimentando discursos populistas que erosionan la confianza ciudadana en el sistema sanitario y en sus profesionales".

"Frente a ello, defendemos que la única vía responsable es la transparencia y el rigor, rebatir los bulos y respaldar la gestión pública con datos verificables, para salvaguardar y fortalecer lo público, que es patrimonio de toda la sociedad", concluye su comunicado UGT Sanidad en Cantabria.