El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha rechazado hoy en un comunicado que el Gobierno de Cantabria supedite “la igualdad de derechos del personal sanitario y de gestión y servicios del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el pago del Complemento de Atención Continuada a todas sus categorías profesionales” a un posible acuerdo político que permita aprobar los Presupuestos de 2026.

Según precisa el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona, el Gobierno autonómico “vuelve a utilizar los derechos laborales como instrumento de negociación política como está haciendo en la enseñanza, al vincular a pactos políticos la recuperación de un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras del SCS, no sólo de los facultativos de guardia”.

“Es inaceptable que una modificación que afecta directamente a la igualdad de trato y condiciones laborales del conjunto de trabajadores del SCS se subordine a un trámite presupuestario”, agrega Carmona, que recalca que “los derechos laborales no pueden depender de una negociación política ni quedar a merced de los acuerdos de un Presupuesto”.

“Lo justo hubiera sido la restitución de éste y cualquier otro derecho laboral con la modificación ordinaria de la ley a través de una Proposición No de Ley, como hizo el Grupo Socialista, y no como moneda de cambio política para las cuentas autonómicas”, agrega el responsable autonómico de Sanidad de UGT en relación al Complemento de Atención Continuada en situación de incapacidad temporal y a la reivindicación del sindicato de que extienda a todas las categorías profesionales del SCS. 

El sindicalista recuerda que “el Consejo de Gobierno de Cantabria rechazó expresamente tramitar la Proposición de presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, argumentando que su aprobación supondría un incremento de gasto y debía integrarse, en todo caso, dentro del marco presupuestario de 2026”.

“Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha decidido incluir unilateralmente esa modificación en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, haciendo extensible al conjunto del personal del SCS un derecho actualmente limitado a los facultativos que realizan guardias médicas”, argumenta el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria.

En este sentido, Carmona subraya que “el propio consejero de Salud ha anunciado públicamente que la medida está recogida en el capítulo 1 del proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, dejando claro que su aplicación dependerá de la aprobación de dichas cuentas”.
 
“Desde UGT se recuerda que lo que se reclama no es una cuestión económica coyuntural, sino una corrección jurídica y laboral: generar un nuevo derecho que garantice la igualdad entre todas las categorías del personal sanitario, tras la modificación legal impulsada por este Gobierno, que benefició solo a una categoría profesional, dejando al resto del personal sin ese reconocimiento” explica Carmona.
 
Rectificación de un agravio
El sindicalista matiza que “el propio Gobierno reconoce ahora el agravio, pero en lugar de corregirlo de forma directa mediante una reforma de la Ley 9/2010, ha decidido subordinarlo a un trámite presupuestario, que nada tiene que ver con la negociación de derechos laborales”.

“Es la misma estrategia que el Gobierno de Cantabria está utilizando actualmente en el ámbito educativo, donde también se están condicionando derechos profesionales al debate presupuestario, vulnerando el principio de negociación colectiva y la seguridad jurídica de los trabajadores públicos”, añade el responsable autonómico de Sanidad de UGT.

“El Gobierno de Cantabria no puede seguir jugando con los derechos de su personal, la igualdad no se negocia, se garantiza por ley; y por eso exigimos que esta medida se tramite de manera ordinaria como modificación legislativa independiente y con participación de los agentes sociales, sin subordinarla a los Presupuestos ni utilizarla como herramienta de propaganda”, concluye el secretario de Sanidad de UGT.
 

Audio Fernando Carmona